El recién lanzado programa de reactivación, que combina familias vulnerables y de clase media, busca ser una línea permanente de acción. También se premiará la diversidad de tipologías de casas y familias en todas las obras.

Condominios sociales como la población Parinacota de Quilicura, las villas El Volcán o Francisco Coloane, en Puente Alto, comparten un rasgo común: más allá de la vulnerabilidad de quienes los habitan, estos conjuntos habitacionales están localizados en zonas periféricas de Santiago, donde se constata una deficiencia de servicios y equipamientos, y están conformadas por edificios uniformes, que no reproducen el carácter diverso de una sociedad.

La homogeneidad social de estos conjuntos es la marca de las políticas de vivienda desarrolladas desde los años 80 en Chile, con la introducción de los subsidios a la demanda para reducir el abismante déficit habitacional de hace 30 años, y que hizo crisis con las fallas constructivas de las casas Copeva a fines de los 90.

Desde entonces, múltiples esfuerzos de los distintos gobiernos, con relativo éxito, han buscado quebrar la segregación urbana que caracteriza las metrópolis chilenas.

En esa línea de cambios, la actual administración busca consolidar el cambio de eje de las políticas de vivienda, con diversos instrumentos que incluyen normativamente el concepto de integración social en los conjuntos habitacionales.

Este movimiento de eje se evidencia en el nuevo programa de integración social y territorial, dado a conocer por la Presidenta Bachelet en el mensaje del 21 de mayo pasado. Con este plan, se construirán 25 mil viviendas distribuidas en diversos conjuntos por todo el país. En ellos, además de una buena localización, será una exigencia que los desarrolladores mezclen tres tramos de tipologías y precios de vivienda: 20% de casas o departamentos hasta 1.100 UF ($28,6 millones), 10% desde 1.200 ($31 millones) a 1.400 UF ($36,4 millones), y el 20%, con residencias de un valor de más de 1.500 UF (39 millones).

Asimismo, se premiarán mayores superficies: 52 m {+2} para casas y más de 56 m {+2} para departamentos. Estos conjuntos serán seleccionados en septiembre, y deberían comenzar a construirse este año.

“Queremos que la política habitacional sea lo suficientemente densa e inclusiva, que tenga instrumentos distintos que conduzcan hacia un mismo propósito, que sea una vivienda social mejor localizada, con un estándar de urbanización mayor, con más diversificación de quienes las habitan”, explica la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball.

Otros focos

Para conseguir este propósito, Saball detalla que, además de estos programas, se trabaja en una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para fijar incentivos urbanísticos a los proyectos de densificación que generen integración social. 

La autoridad cuenta que se introdujeron modificaciones al programa regular de viviendas sociales para familias vulnerables, el Fondo Solidario de Vivienda. “Hemos puesto mayores exigencias al estándar y a cómo se premia la localización. En la ley de Presupuesto del año pasado logramos que en los conjuntos habitacionales que gestionan los Serviu podamos mezclar viviendas del Fondo Solidario de Vivienda con el subsidio DS1 (de clase media)”.

Añade que hay proyectos en obras que, tras la nueva caracterización socioeconómica, “situarán a familias en distintos porcentajes del registro social de hogares, lo que creará integración”.

Publicado en El Mercurio.